El Gobierno quiere dar un nuevo impulso a las comunidades energéticas. Y por eso ha lanzado un decreto en el que regula su situación para producir y compartir la energía renovable generada por instalaciones, como por ejemplo las de autoconsumo.

¿Qué son las comunidades energéticas?

Según establece la regulación las comunidades energéticas son entidades jurídicas compuestas por personas jurídicas, empresas o autoridades localizadas cerca de proyectos de energía renovable. El objetivo principal de las comunidades energéticas es la obtención de beneficios medioambientales, económicos y sociales, en lugar de beneficios financieros.

Los ciudadanos participantes de una comunidad energética pueden producir, consumir, almacenar, compartir y vender la energía generada por la o las instalaciones. Al fin y al cabo, ellos son los dueños de esa instalación, y por tanto los que van a disfrutar de la energía generada y de sus beneficios. Con esta fórmula se consigue democratizar la producción y el consumo de energía.

¿Cómo se van a impulsar las comunidades energéticas?

Con este nuevo decreto, las comunidades energéticas tendrán reservado un cupo específico en las subastas que se realizan de renovables. Además, desde red eléctrica se les reservará capacidad suficiente para que garanticen el volcado de su producción, concretamente un 5% de la capacidad disponible.

También, para que no se encuentren en desigualdad de condiciones, se van a establecer medidas para garantizar que las comunidades energéticas puedan competir en igualdad con otros productores de energía, que puedan participar en el sistema energético y se facilite su integración.

Así se consigue que los ciudadanos puedan ser parte activa de la transición energética, compartiendo la energía que producen la o las instalaciones de las que son propietarios. Aunque la fórmula que más se lleva a cabo es la del autoconsumo, pueden darse otras que impulsen la eficiencia energética, o el transporte o suministro de calefacción y refrigeración.

Además, ayudan a combatir la pobreza energética, ya que permite que consumidores vulnerables puedan acceder a las energías renovables. Y suponen una mejora en la gestión que los consumidores hacen de la demanda de energía, ya que tienen una mayor consciencia de la procedencia y generación del recurso renovable. Por lo que adaptan sus consumos para poder beneficiarse al máximo de la inversión y del bien renovable.