Anulada la rebaja del IVA en la factura de la luz: impacto en los consumidores

13 marzo, 2024
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El Gobierno decidió a comienzos de año mantener la rebaja del IVA en la factura de la luz, una medida que había sido aplicada en enero como parte de un conjunto de acciones para hacer frente a la crisis desencadenada por los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para mitigar los efectos de la sequía. Sin embargo, esta rebaja estaba condicionada a ciertos criterios, entre ellos que el precio medio del mercado mayorista de la electricidad superara los 45 euros por MWh. Con la caída de los precios en dicho mercado, impulsada en parte por un aumento en la producción de energía eólica debido a condiciones meteorológicas favorables, el Gobierno ha decidido revertir temporalmente la reducción del IVA.

A partir del 1 de marzo de 2024, el IVA en la factura de la luz aumentará del 10% al 21%, lo que significará un incremento en los costes para los consumidores. Esta medida afectará a todos los contratos de luz con una potencia inferior a los 10 kW, tanto en el mercado libre como en el regulado. Es importante destacar que esta subida no afectará por igual a todos los usuarios, ya que aquellos que estén suscritos al precio de venta al pequeño consumidor (PVPC) experimentarán un impacto menor debido a la indexación de esta tarifa al mercado mayorista.

Cómo afecta esta subida a la factura

Para calcular el efecto de esta subida en la factura de la luz, se puede tomar como referencia la factura anterior, sumando todos los conceptos y aplicando el nuevo porcentaje de IVA. Según las estimaciones se espera que la factura media anual de un «cliente tipo» aumente en un 15%, pasando de 467 euros a 539 euros al año. Además del incremento en el IVA, se espera que otros impuestos relacionados con la electricidad también aumenten de manera progresiva en los próximos meses, lo que podría llevar a un encarecimiento adicional de hasta un 25% en la factura eléctrica para finales de 2024.

Es importante tener en cuenta que estas medidas están destinadas a hacer frente a una situación de crisis y a garantizar la estabilidad del suministro eléctrico en un contexto de incertidumbre geopolítica y climática. Aunque puedan suponer un aumento en los costes para los consumidores, se espera que contribuyan a asegurar la sostenibilidad del sistema energético a largo plazo.